Clases Pasivas Muface. Instituto Nacional de Seguridad Social.

Publicado el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se modifica el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.

En general, este Real Decreto-Ley, y en especial las modificaciones introducidas en sus disposiciones adicionales y disposición final primera, no deberían afectar a la edad de jubilación ni a la cuantía de la pensión que se esté cobrando o se cobrará por los Funcionarios jubilados, SALVO QUE HUBIERA MODIFICACIONES EN UN FUTURO. Y aquí es donde está el problema, la trampa. En principio, lo que cambia es que a partir de ahora será el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) el organismo que asume la gestión del Régimen de Clases Pasivas. Esto significa una vuelta de tuerca más tras la gran modificación que hubo en su día de la Ley General de Seguridad Social, por la que los Funcionarios que ingresaran a partir del 1 de enero de 2011 están obligatoriamente incluidos en el Régimen de la Seguridad Social, continúan en Muface pero no dentro del Régimen de Clases Pasivas.

Tanto desde las diversas instituciones gubernamentales como desde las diferentes organizaciones sindicales se viene transmitiendo una falsa idea de tranquilidad, en el sentido de que lo único que cambia es el gestor, quedando garantizados los derechos adquiridos por el colectivo de trabajadores adscritos a Muface y al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Se nos intenta transmitir la idea de que este cambio normativo no afectará a la cuantía de las pensiones, ni a la edad de jubilación voluntaria, por citar dos ejemplos.

Desde FPU pensamos que nada más lejos de la realidad. La publicación de esta normativa, aprovechando el amparo de un Estado de Alarma, sin que medien razones de urgencia para hacerlo, sin el consenso, consulta, mediación o participación de los representantes de los trabajadores, y debido a las especiales circunstancias, sin capacidad de reacción de los mismos, nos hace sospechar que pudiera tratarse de la primera piedra para poder dinamitar los derechos adquiridos durante tantos años por los trabajadores y trabajadoras adscritos a Muface.

Realizada consulta con nuestra asesoría jurídica, nos informan que evidentemente lo establecido por el citado Real Decreto no modifica sustancialmente nada más allá que el cambio de gestor, de pagador en definitiva, pasando a gestionarlo a partir de ahora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, nos avisa, esto esconde un montón de reformas, que no se sabe cómo ni cuándo las van a llevar a cabo, pero que sin duda lo harán.

En principio, la gestión de nuestras pensiones por la Seguridad Social podría suponer un pequeñísimo incremento económico de las mismas. Sin embargo, lo que sin duda supondrá, es la supresión de otros derechos adquiridos: la jubilación a los 60 años de edad, con 35 años de servicio como hasta ahora, sería la más significativa. Ni siquiera la jubilación a los 65 años tendríamos asegurada debido a que dependiendo, de las circunstancias personales de cada uno, podría pasar a los 67 años de edad, como el resto de personal adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, que al fin y al cabo es lo que se pretende con el inicio de los trámites para el cambio de gestión.

Si bien esto no son más que simples opiniones y estimaciones, no debemos dejar pasar por alto las puerta que deja abierta para habilitar al gobierno de turno a realizar futuros recortes en derechos.

Por otra parte recibimos información de un recorte inminente de haberes a todos los trabajadores de la AGE. Algo que ya suponíamos desde el inicio de esta crisis sanitaria y que, sin duda, terminarán llevando a cabo pese a los desmentidos del Gobierno.

Desde FPU observamos con estupor cómo las distintas organizaciones sindicales le hacen el juego a la Administración. Lejos de exigir explicaciones al Gobierno por el cambio unilateral, sin consultar y consensuar, ni siquiera informar, se intenta transmitir un mensaje de tranquilidad, cuando son sobradamente conscientes de que se trata de abrir el camino para una reforma mucho más radical. Una reforma que, sin duda, nos vendrá cuando menos lo esperemos.

La defensa de lo público incluye la defensa de sus trabajadores. Las empleadas y empleados públicos, pese al maltrato muchas veces sufrido por los distintos gobiernos, llevamos muchos años sosteniendo el Estado con nuestro trabajo. Un trabajo muy pocas veces reconocido y siempre mal remunerado. Por ello no podemos permitir nuevos recortes de derechos. Y, sin duda, estamos a las puertas de uno más. Uno que afecta directamente a nuestro futuro más inmediato e hipoteca nuestra jubilación.

FPU Junta Directiva a 01 de Mayo de 2020.

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