El peligro sigue ahí

El caso de La Manada, donde se cuestionó el consentimiento de la víctima para calificar los hechos como agresión, ha conllevado una previsible reforma del Código Penal, donde desaparece el tipo de abuso sexual, englobándose este en el de agresión o violación. A su vez, esto supone un incremento en las penas, intentando introducir un elemento disuasorio y preventivo contra la comisión de estos actos. Aceptando que esta reforma da respuesta a la demanda social, el hecho de excluir de ella a la administración penitenciaria, considerando a esta un pilar fundamental del sistema judicial en su vertiente penal, hace que me pregunte si no estamos dejando la solución del problema a medias.

Como ya he comentado, este endurecimiento de las penas pretende, principalmente, disuadir de la comisión del delito. Pero la realidad nos dice que no siempre es suficiente para evitarlos. Afortunadamente, son muchos los casos en los que los autores terminan con una condena impuesta. Y es con su entrada en prisión cuando el problema parece evaporarse… hasta que, durante el disfrute de un permiso o al salir en libertad tras cumplir la pena impuesta, vuelve a cometer la atrocidad por la que fue condenado. Es en ese instante cuando vuelven a saltar todas las alarmas, la institución penitenciaria se pone en el centro de los focos y la realidad de lo que hasta ese momento ha permanecido oculto y ajeno a la sociedad le da de bruces a esta.

De poco o nada sirve tratar de prevenir cuando no se ofrecen los medios para evitar reincidir. Y esto es lo que muy probablemente vaya a ocurrir pese a la reforma anunciada. Y eso que, contrariamente a la creencia social, la tasa de reincidencia de estos delitos no es ni mucho menos elevada. En un alto porcentaje, gracias al sobreesfuerzo y profesionalidad de los trabajadores que formamos la administración penitenciaria, el tratamiento funciona, logrando el propósito de reinserción y reeducador sobre el que giran las penas privativas de libertad, pese a la escasez de medios materiales, humanos y de formación que padecemos. Ahora bien, esto no debe ser óbice para que la Administración acometa un profundo debate sobre qué cambios y mejoras introducir para obtener unos mejores resultados en el tratamiento de estos internos, empezando por la reposición de la plantilla, una formación continua y adecuada y unos medios materiales que nos acerquen al objetivo de reducir la reincidencia a su mínima expresión.

Para que esto ocurra, debe existir una verdadera voluntad de cambio por parte de la Administración. Así que cabría preguntarse si está dispuesta a hacer esa apuesta firme y clara por abordar estas medidas y dotarnos de los medios necesarios o, por el contrario, continuará manteniéndonos en el ostracismo y olvido en el que nos tienen sumidos. Quizá sea momento de que la sociedad centre su atención en las prisiones y ejerza la presión necesaria para provocar los cambios que tanto demanda.

Artículo de opinión, publicado el 13 de Enero de 2019, en La Voz de Galicia.

Luis Moreno

( Presidente de Asociación FPU ).