La privatización en prisiones

La privatización de la seguridad exterior de las prisiones comenzó en 2013 como un proyecto experimental. Fue seguido por una reforma de la Ley de Seguridad privada, donde se les atribuía a los Vigilantes de más funciones y potestades, siempre bajo supervisión de miembros de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Resulta imposible encontrar información sobre estas concesiones a empresas privadas. Contratos secretos, protegidos por el oscurantismo del tipo “negociado sin publicidad” por motivos de seguridad.

En total y según la prensa y otros medios, se han gastado en este proyecto, el cual está rodeado de una gran polémica, un total de 116 millones de euros, mientras se han recortado y congelado salarios de empleados públicos y no se han repuesto efectivos y aumentado las plantillas.

Este proyecto de privatización fue justificado en un primer momento, por la necesidad de “recolocar” a los escoltas del País Vasco, los cuales habían perdido su puesto de trabajo tras el anuncio de la tregua por la banda terrorista ETA.

Esto no fue así, pues según denuncia El Confidencial, en un artículo con fecha del 29/12/2014 y según reconoció el Secretario de Estado de seguridad en aquella fecha, solamente se recolocó a un tercio de los escoltas que protegían a objetivos potenciales de ETA.

También se incumplió la promesa del gobierno, de que los vigilantes no sustituirían a Guardias Civiles ni Policías Nacionales, punto este denunciado por Asociaciones y Sindicatos de estos. Se perdían efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, situación está preocupante y que puede mermar la seguridad, en caso de altercado en el departamento de accesos por ejemplo, teniendo en cuenta el escaso poder disuasorio de un vigilante privado en comparación con el de un agente, o su poca preparación, al exigirles únicamente, un curso teórico de 60 horas.

Se dijo que ahorraría costes, desmentido esto por Sindicatos de funcionarios de prisiones, y fácil de comprobar tras algunos de los contratos, cuyo importe asciende a 34,6 millones de euros, para ocupar a unos 900 vigilantes, por un periodo de 12 meses.

Cada vigilante saldría por unos 3200 euros mensuales, que ni mucho menos y ya nos gustaría, es el salario de un Policía, Guardia Civil o un Funcionario de prisiones.

Por lo tanto, alguien está obteniendo un gran beneficio de estos contratos y precisamente el contribuyente o el trabajador no es.

Pero lo que más debería de preocupar a cualquier Funcionario, es la intención que se desprende de no quedar la privatización solamente en la seguridad exterior. Pues vemos como año tras año, se pierde personal y no se repone, cada vez hay menos funcionarios en los módulos o simplemente, servicios como los de mantenimiento, lavandería, cocina o la limpieza están siendo privatizados y concedidos a empresas externas.

Nadie se puede quedar en el conformismo y en el tópico de “eso a mí no me afecta” pues eso no es así y si no se pone remedio, la privatización puede llegar a los rastrillos u oficinas, abocando a los Funcionarios de prisiones a perpetuarse en los patios, o impidiendo la posibilidad de traslado y acercamiento y conciliación familiar.

Se desprende de la privatización en prisiones, la clara intención de favorecer al lobby de la seguridad privada, los cuales ven su volumen de ingresos aumentado, pero todo ello a costa de pagar bajos salarios a los vigilantes (unos 1200 según fuentes preguntadas), o simplemente llevar meses sin pagarles como denuncia un artículo reciente de La Voz de Galicia, debiendo la nómina del mes de octubre la empresa OMBUDS, gran beneficiada en la última concesión, la cual ha obtenido tres de cada cuatro concesiones, a sus trabajadores destinados en las prisiones de Bonxe y Monterroso.

funcionarios 7en1

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