Principios y fines

PRINCIPIO BÁSICO Y ELEMENTAL DE LA ASOCIACIÓN:

 

FUNCIONARIOS DE PRISIONES UNIDOS tiene como objetivo principal la defensa de los intereses laborales, profesionales y formativos de las personas que trabajan en la Administración Penitenciaria y, en igual rango de prioridad, la defensa de un servicio en el área penitenciaria de calidad, participativo, crítico, democrático e integrador, y, como instrumento dinamizador de una sociedad más justa, rechaza cualquier intento privatizador y viene a denunciar el deterioro del servicio público penitenciario.

Por ello, FUNCIONARIOS DE PRISIONES UNIDOS ratifica los principios constitucionales contenidos en el Art 25.2 de la Constitución Española, y específicamente la REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, como principio que inspira la ejecución de las penas, y conforme a la doctrina de teoría de las penas, viene a denunciar que la estructural falta y/o inadecuación de los medios personales y materiales en dicho servicio esencial para la sociedad española vulnera e impide la aplicación de dicho precepto constitucional.

El funcionario de prisiones ES EL PRINCIPAL EXPONENTE, AGENTE Y VEHICULIZADOR DE LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN Y POR TANTO GARANTE DEL CUMPLIMIENTO DEL 25.2 de la Constitución Española. A través de esta asociación, los funcionarios de prisiones vienen a denunciar, y ante cualesquiera organismo público y/o privado, nacional, comunitario y/o internacional que actualmente en España EXISTE UNA VULNERACIÓN DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL POR INADECUACIÓN y/o CARENCIA DE RECURSOS EFECTIVOS PARA IMPLEMENTAR TALES FINES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO ESPAÑOL. Esta asociación realizará cuantas acciones sean necesarias para el cumplimiento efectivo de dicho mandato constitucional.

PRINCIPIOS DE LA ASOCIACIÓN:

 

I.-Asindicalidad y profesionalidad.

Defiende las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios desde la asindicalidad. Esta asociación no es un sindicato, defiende y reivindica los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de profesionales de la Institución, que en su seno pueden, sin orientación ni discriminación alguna, sindicarse guiándose por principios sociopolíticos. Sus acciones se orientan hacia la transformación del medio penitenciario, y en consecuencia de la sociedad.

II.-Pluralidad.

Mantiene de forma prioritaria el carácter plural y unitario que desde su origen la caracterizó y se propone, como objetivo fundamental, la consecución de la unidad sindical a cuyos efectos permite y promueve la adhesión de sindicatos a manifiestos y actuaciones en cualquier ámbito. En esta dirección, esta Asociación se compromete a:

Promover toda iniciativa que se encamine a favorecer la unidad de acción de las MESAS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (donde acuerden los sindicatos más representativos) y MESAS SECTORIALES (donde asisten los más representativos del sector) y MESAS PERIFÉRICAS, con las organizaciones sindicales representativas y de clase, tendiendo a que esta unidad de acción adquiera formas cada vez más estables.
Promover y generalizar la construcción de formas unitarias de representación, al amparo de esta asociación profesional de los trabajadores y trabajadoras, a partir de las asambleas y los organismos que los propios trabajadores y trabajadoras elijan democráticamente.

III.-Funcionamiento democrático e independencia.

La independencia y asindicalidad de la asociación profesional se expresa y garantiza, fundamentalmente, por medio del más amplio ejercicio de la democracia y de la participación de los trabajadores y trabajadoras en la vida interna de la misma.
Las asambleas, el funcionamiento democrático de todos los órganos de la asociación y el respeto a sus decisiones tomadas por mayoría son la base de esta independencia, lo que nos caracteriza como asociación asamblearia. La asumen sus responsabilidades y traza su línea de acción con independencia de los poderes económicos, del Estado, de los sindicatos individualizados y de cualquier otro interés ajeno a sus fines, y también de los partidos políticos.

IV.-Impulso de la igualdad de oportunidades en todas las áreas de trabajo.

La Asociación tiene entre sus principios impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades para los trabajadores penitenciarios, con independencia de sexo, condiciones socio-familiares y diversidades funcionales, laborales y cualquiera otra condición desventajosa.
Para ello, se propone incorporar la transversalidad de estos valores en todos los ámbitos de la asociación, promover y desarrollar acciones positivas en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo, así como remover los obstáculos para evitar el desarraigo familiar y/o personal de los profesionales penitenciarios y la discriminación y agravio en relación al resto de Cuerpos del Ministerio de Interior y de otras administraciones.

V.-De Transparencia en el medio penitenciario.

Vida y régimen interior: La asociación exige y reivindica la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, y de los propios internos, y además, asume la defensa de todo aquello que les afecte en el desempeño de sus funciones.
A nivel presupuestario: La asociación asume un papel activo en la optimización de la factura presupuestaria penitenciaria, a cuyos efectos realizará todo tipo de acciones con el objeto de lograr un conocimiento exhaustivo de la misma, y especialmente en el ámbito de la Ley de transparencia (Ley 19/2013 de 9 de Diciembre).
De eficiencia de recursos económicos , esta asociación impulsa la función de los centros penitenciarios como proveedor del autoconsumo de la Administración Pública y considera que se deben producir y realizar en los centros penitenciarios múltiples bienes y servicios en lugar de externalizar y contratar con terceros, proponiendo un reajuste presupuestario que mejore la reeducación y reinserción social y la creación de hábitos laborales en prisión, ahorro de costes para la administración y el ahorro de recursos para permitir el incremento salarial que compense los recortes económicos y continua pérdida de capacidad adquisitiva del conjunto de profesionales penitenciarios.

VI.-De Fomento de la Participación en el medio penitenciario.

La Asociación exige una adecuada participación del funcionario que mayor contacto directo desarrolla con el interno, y concretamente impulsa la reforma del Reglamento Penitenciario para permitir una mayor asistencia y con mayor ponderación a las sesiones de la Junta de Tratamiento, entre otros, Consejo Local Penitenciario, Consejo Nacional Penitenciario, Junta económica Administrativa, y cualesquiera otra , solicitando que tal designación de personal sea hecha atendiendo a la naturaleza del trabajo que desempeña y su conocimiento y desarrollo de la actividad profesional diaria.

 

FINES DE LA ASOCIACIÓN:

 

FUNCIONARIOS DE PRISIONES UNIDOS tiene como fines:

  1. La defensa de un empleo público de calidad en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias y con los derechos contemplados por la legislación europea y española actual.
  2. La defensa de una formación de calidad promovida y ejecutada por la Administración a través del Centro de Estudios Penitenciarios, con cursos y pruebas objetivas y evaluables cuya superación determinen la promoción profesional y la carrera vertical de los empleados públicos penitenciarios a los diferentes puestos de trabajo incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo. A tales efectos, solicitamos que dicha formación se configure como un proceso unitario y progresivo integrado en el sistema educativo, sin perjuicio de los requisitos que los interesados deban reunir y con la colaboración, en su caso, de otras instituciones.
  3. La defensa de una formación continua práctica impartida con la necesaria frecuencia en los propios centros de trabajo, y en horario de trabajo, para conseguir una adecuada ejecución de la legislación penitenciaria por los empleados públicos, sobre todo en materia de defensa personal, aplicación de medios coercitivos, extinción de incendios, negociación pacífica de conflictos y sistemas de seguridad y vigilancia electrónica.
  4. La exigencia de un nivel 17 de complemento de destino como mínimo y pertenecer al Grupo B de los contenidos en el E.B.E.P. de inicio y tras la finalización del periodo de prácticas supervisado por el Centro de Estudios Penitenciarios, dados la titulación equivalente de acceso al empleo funcionario de prisiones, Bachiller ó FP2 en su día, equivalente a los actuales Ciclos Formativos de Grado Superior que conforman el Grupo B, la complejidad y número de horas formativas superadas durante el periodo de prácticas y el precedente reclasificador en el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil de este mismo Ministerio del Interior por resolución de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Justicia e Interior, BOE 27 de Febrero.
  5. La vigilancia de la actividad y el desempeño de las organizaciones sindicales para que velen efectivamente por la defensa de los derechos de los trabajadores penitenciarios.
  6. El estudio de la viabilidad de un Estatuto propio de funcionarios de prisiones a todos los niveles que regule de una manera clara y eficaz la labor del personal de II.PP.
  7. La defensa y exigencia de la adecuada y necesaria provisión de los medios de protección precisos para salvaguardar la integridad física de los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
  8. La exigencia de la necesaria cobertura de las relaciones de puestos de trabajo de los centros penitenciarios a través de convocatorias de ofertas de empleo público anuales y en cantidad suficiente.
  9. La defensa de convocatorias anuales de concursos de traslados para cubrir todas las vacantes existentes en los servicios centrales y periféricos de Instituciones Penitenciarias, en donde puedan participar todos aquellos funcionarios que la normativa vigente permita.
  10. La exigencia del cese de adjudicaciones opacas a través del abuso en el uso de las comisiones de servicios para cubrir puestos de trabajo vacantes, y que, en todo caso, todas ellas, como marca la legislación, sean ofertadas en los concursos de traslados.
  11. La exigencia de que el Estado sea declarado responsable subsidiario existiendo indemnización fijada por un tribunal en caso de agresión sufrida por trabajador penitenciario por parte de un/a interno/a declarado insolvente, o que, en todo caso, el trabajador disponga de asistencia jurídica gratuita para reclamarla.
  12. La exigencia del reconocimiento de la condición de Autoridad para los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones, sin ambages y sin necesidad de modificación de la actual LOGP.
  13. Exigir a la Administración Penitenciaria una mejor y más decidida defensa del desempeño profesional e imagen de los trabajadores penitenciarios.
  14. Exigir la desprivatización de la vigilancia perimetral exterior, actualmente redundante pues sigue siendo competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sin encaje en la L.O.G.P., pues detrae fondos del presupuesto público que se niegan por la Administración Penitenciaria a sus trabajadores en las mesas de negociación. Así mismo, impedir por todos los medios utilizables en el actual marco legislativo el proceso externalizador y privatizador ya comenzado en las Instituciones Penitenciarias, defendiendo absolutamente el carácter público del servicio.